El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley No. 255, que adopta el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, firmado en Marrakech el 27 de junio de 2013.
Este tratado tiene como finalidad la protección del derecho de autor como incentivo y recompensa para las creaciones literarias y artísticas e incrementar las oportunidades de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y compartir el avance científico y sus beneficios.
El diputado Elías Castillo miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores sostuvo que el tratado también aporta garantías a los autores y los editores en el sentido de que las obras publicadas no se verán expuestas a un uso indebido o a su distribución a personas distintas de los beneficiarios previstos.
El tratado define quiénes podrán ser considerados beneficiarios, reitera el requisito que debe cumplirse para el intercambio transfronterizo de obras elaboradas y exhorta a la cooperación entre las partes contratantes a fin de fomentar los intercambios transfronterizos e incrementar la disponibilidad de obras publicadas lo antes posible.
Además la diputada suplente Nuvia de De Icaza expresó que la meta es ayudar a las personas que son ciegas, discapacitadas visuales o que de alguna otra manera tienen dificultades para acceder al texto impreso, ya que, en la actualidad, de los libros que se publican en el mundo, sólo se llegan a producir en formatos accesibles de un 1 a un 7%.
Reconoció también que esto se debe en parte a las barreras de acceso impuestas por las leyes de derechos de autor, algo que el tratado ayuda a eliminar.
Bajo estos parámetros y recordando los principios de no discriminación, de igualdad de oportunidades, de accesibilidad y de participación e inclusión plena, representantes de la Secretaría Nacional de Discapacidad, del Instituto Panameño de Habilitación Especial, junto a miembros de la sociedad civil y Diputados de la nación, han realizado ingentes esfuerzos para aprobar el citado Tratado en Panamá.
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