Diversos profesionales de la salud, la educación y del sistema judicial versados en temas alusivos a las líneas de acción trazadas por el Gobierno Nacional para lograr las metas propuestas en torno a la población con discapacidad y sus familias, debatieron y analizaron por espacio de ocho horas sobre “Derechos humanos, la familia y la discapacidad”.
Este productivo encuentro se dio en el marco de un simposio organizado por la Federación Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de la República de Panamá (Inclusión Panamá), con el auspicio de Secretaria Nacional de Discapacidad (Senadis) y del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), en celebración del Día Internacional de la Familia.
A este simposio que se desarrolló en el auditorio de la Lotería Nacional de Beneficencia, asistieron más de 75 padres de familia, técnicos, docentes y personas que trabajan por y para la discapacidad quienes encontraron un espacio propicio para la sensibilización y capacitación, focalizada en temas específicos, abordados por expertos en cada área debatida.
La profesora Dalys Salas Conte, en representación de la directora general del IPHE, Maruja G de Villalobos y la doctora Nélida Ortíz de Loiza, directora general de Senadis, elogiaron el contenido temático del evento y abogaron por reiterar este tipo de encuentros que sirven de escenario para discutir y abordar temas socio-políticos en torno a la discapacidad.
En el Simposio se abordaron temas tales como: "Derechos humanos familia y personas con discapacidad", bajo la ponencia de la magistrada Eysa Escobar de Herrera del Tribunal Superior de familia del Órgano Judicial; "Logros y proyecciones para las familias", a cargo de las expositoras Ana Delgado, jefa del Programa Escuela para Padres del IPHE y Ritella Moreno de Vásquez, directora de Equiparación de Oportunidades de Senadis.
Posteriormente se realizó una Mesa Redonda cuyo tema redundó en "Experiencias de vida a través de un rol en las familias con un miembro con discapacidad", cuya moderadora fue la vicepresidenta de Inclusión Panamá, Rubiela Pitano.
De igual forma se realizó presentación del ensayo "La familia en el contexto jurídico-social de la discapacidad", a cargo de Emna Espinosa de Senadis, con comentarios del Asesor Legal del IPHE, Guillermo Moreno, quien fue ampliamente aplaudido por su atinada intervención.
La jornada vespertina inició con la ponencia "Afrontamiento y sobrecarga emocional: Intervenciones de apoyo a la familia", con la exposición de la directora general del Centro Ann Sullivan Panamá, Melina Mancuso Ortiz, y con los comentarios y análisis del tema a cargo de la presidenta de la Fundación Caminemos Juntos, Xenia Mas de Vergara.
Antes de concluir la jornada académica se llevó a cabo una Mesa Redonda denominada: "Familias en acción para el desarrollo pleno y vida autónoma", bajo la moderación del supervisor nacional del IPHE, profesor José Camarena.
Las conclusiones del Simposio estuvieron a cargo de la asesora de Senadis, Natasha Velotti y Tomas Chávez de Inclusión Panamá, quienes reiteraron enfáticamente que los padres, tutores o quienes ejerzan la representación legal de los menores con una condición de discapacidad o mayores en condición de dependencia, tienen derecho a participar en todas las instancias y organizaciones de salud, educación, trabajo y demás actividades en que éstas participen.
El derecho a la participación contenido en la disposición previa, es un derecho amplío que abarca todas los ámbitos sociales como el educativo, el laboral, el de salud, el cultural, el recreativo, el jurídico, el familiar, entre otros.
Además, se explicó que se otorgan amplias facultades a los padres, tutores y representantes legales de las personas con discapacidad para ejercerlo hacia la obtención del mayor bienestar para sus hijos, tutelados o representados. Se reiteró que la familia es parte integral de las políticas sociales enfocadas en la discapacidad, por lo que, no puede desvincularse la atención de las personas con discapacidad separadas de aquella.
La Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999, por la cual, se establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, lo dispuso formalmente, así: “Artículo 1: Se declara de interés social el desarrollo integral de la población con discapacidad, en igualdad de condiciones de calidad de vida, oportunidades, derechos y deberes, que el resto de la sociedad, con miras a su realización personal y total integración social. También se declaran de interés social, la asistencia y tutela necesarias para las personas que presenten una disminución profunda de sus facultades”.
En cuanto al abordaje sobre Discapacidad y Derecho, se explicó que el juzgador debe encaminar sus decisiones hacia el bienestar del niño y la familia, que constituye un razonamiento lógico del Derecho de Familia, que se sustenta en los instrumentos internacionales y nacionales que regulan la discapacidad.
Ante la falta de una norma jurídica aplicable a un asunto determinado en el que interviene la discapacidad, la autoridad, está llamada por el Código Civil a aplicar las leyes que regulen los casos o materias semejantes (analogía), y en su defecto, la doctrina constitucional, las reglas generales del derecho y la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, como fuentes formales del derecho.
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